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Análisis jurídico de la eventual suspensión del Gobernador Rubén Costas

Josvesol@hotmail.com – Julio Veizaga Ovando

El Art. 28 de la Constitución Política del Estado,  establece  los casos en que  el ejercicio de los derechos políticos se suspenden, previa sentencia  ejecutoriada, mientras la pena no se haya cumplida. Los casos son los siguientes:  1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. 2. Por defraudación de recursos públicos y por traición a la patria. El artículo en cuestión necesita una ley en desarrollo para evitar los abusos  y excesos del sistema político.

Existe una diferencia entre suspensión temporal y destitución del cargo. El primero significa cese temporal del servidor público electo por existir en su contra una acusación formal de autoridad judicial competente y el segundo  implica privación del cargo público o separación del empleo, previa sentencia condenatoria ejecutoriada, mientras la pena no se haya cumplido.

El Art. 34 de la Ley de Municipalidades (LM), derogado por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) determinaba la suspensión temporal y definitiva de los concejales; en el primer caso por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriada(acusación formal) para que pueda asumir  su defensa y en el segundo separación definitiva del concejal por haber sido condenado con sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, tener pliego de cargo ejecutoriado y por otros conceptos.

Los legisladores, al parecer no hacen una clara diferenciación entre suspensión temporal y destitución definitiva del cargo público. El constituyente   hace lo mismo, cuando establece que el ejercicio de los derechos políticos se suspende, previa sentencia  ejecutoriada, mientas la pena no haya sido cumplida. Entonces, surge la necesidad de una ley  para  evitar los problemas de interpretación literal, lógica y sistemática.

La jurisprudencia constitucional  ha establecido que la destitución de los jueces, por ejemplo, solo procede cuando exista sentencia  condenatoria ejecutoriada.  El parágrafo VI del Art. 116 de la anterior Constitución preceptuaba: “(…) No podrán ser destituidos de sus funciones, sino previa sentencia ejecutoriada”.  En el entendimiento constitucional,  el orden constitucional no admite otra forma de destitución de una autoridad judicial, de manera que cualquier otra causal de destitución o cualesquier género de norma no judicial resulta contraria al orden constitucional establecido.

La eventual suspensión del gobernador Rubén Costas, de Santa Cruz,   pone – otra vez – en tapete de discusión política y jurídica  los artículos 144 y 145 de la  LMAD, aplicados en los casos de los gobernadores de Tarija y Beni. Dos  acciones de inconstitucionalidad concreta han sido despachadas por el Tribunal Constitucional, con el fundamento de que no procede en un procedimiento administrativo.

El AC 0068-2010-CA, de 22 de febrero fundamenta su decisión, en sentido de que el incidente de inconstitucionalidad fue formulado dentro el procedimiento de suspensión del alcalde municipal de Cotoca, y no así dentro de un procedimiento administrativo como tal, en el que se tenga que dictar una resolución que dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, conforme exige el art. 59 de la LTC, por lo que, el incidente formulado carece de fundamentación jurídico –constitucional que justifique una decisión sobre el fondo de la problemática planteada.

En consecuencia,  sólo procede una acción de inconstitucionalidad abstracta contra los artículos 144 y 145 de la LMAD, a objeto de que el TCP  se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos citados.

La acusación formal confiada  a un fiscal de materia para suspender temporalmente a un servidor público electo constituye un exceso y abuso de poder.  La suspensión temporal de cualquier servidor público debe provenir de una autoridad judicial competente,  para que pueda asumir su defensa legal.

Se presume la constitucionalidad de los artículos mencionados de la LMAD, en tanto no se pronuncie el TCP dentro de una acción de  inconstitucionalidad abstracta, Agotado el orden interno,   que no fuere resuelto adecuada  e idóneamente, se habilitará la instancia  internacional del sistema  interamericano de protección de derechos humanos.

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