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Juicios a Alcalde y dos concejales de UNE derivaría en destituciones

Charles Becerra Sejas – Alcalde Municipal de Quillacollo

El alcalde de Quillacollo Charles Becerra Sejas y los concejales de la agrupación ciudadana Unidad Nueva Esperanza (UNE), Cinthia Fernández y Julio Santos, enfrentan procesos judiciales en diferentes etapas,  que de prosperar podrían derivar en la suspensión de sus cargos.


Según antecedentes hechos públicos, Becerra tiene cuatro procesos legales por nombramientos ilegales, encubrimiento y protección a funcionarios comprometidos en hechos de corrupción y por desvío de prediarios,  cuando ejercía el cargo de Director Departamental de Régimen Penitenciario en 2003 por un monto que supera los Bs 300 mil.
La vicepresidenta del Concejo Municipal, Cinthia Fernández, tiene una imputación formal y requerimiento de medidas sustitutivas a la detención preventiva, dictada por la fiscal María Anawella Tórrez,   por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones,  contemplados en los artículos 159 y 161 del Código Penal.
Por su parte, el concejal Julio Santos enfrenta un proceso,  por presunta tentativa de violación,  a un joven de 21 años, hecho ocurrido el pasado 15 de mayo en la comunidad de Huach’i Rancho de la zona norte de Quillacollo. El caso se encuentra con imputación formal por el Fiscal que atiende la causa.
Según abogados municipalistas, las denuncias y procesos judiciales,  de prosperar, y en caso de existir acusación formal o dos imputaciones, determinarían la separación de sus cargos.
DENUNCIAS Y JUICIOS
En el caso de Charles Becerra, este miércoles 18 asistirá a declarar ante el fiscal anticorrupción por el caso “desvío de prediarios”, investigado en la gestión 2003 por la entonces “zarina” anticorrupción Lupe Cajías. Becerra respondió que se trata de un ataque político dirigido a desestabilizar la gestión municipal, y afirmó que asistirá a la audiencia para responder con la verdad histórica en manos.
Asimismo, es enjuiciado por los presuntos delitos de nombramientos ilegales y encubrimiento a los funcionarios César Ricaldez, quien tiene sentencia ejecutoriada por los casos Focssap I y II y adeuda 21 millones de dólares a los estafados. De la misma manera encubriría a Eddy Mercado, un amigo suyo, acusado por supuestos cobros ilegales, tráfico de cargos, apropiación indebida de dineros municipales y usurpación de funciones al hacerse pasar como gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapaq) sin nombramiento alguno. Su caso es investigado por un fiscal anticorrupción y cuya audiencia para sus declaraciones se realizará el 24 de julio.
A todo ello se suma las denuncias en contra del responsable de la Unidad de Turismo, Edgar Vargas quien fue procesado por malversación de Bs 200 mil cuando ejercía en 2007 el mismo cargo en la exPrefectura de Cochabamba.
En todos los casos, según el presidente del Concejo Municipal, Gilmar Terrazas, se solicitó un informe detallado y que el Alcalde  asuma decisiones radicales en contra de los presuntos hechos de corrupción. “Hasta ahora no se pronuncia sobre los casos denunciados, lo que nos hace sospechar de actitudes de protección y encubrimiento, cuando él juró cero tolerancia a la corrupción, venga de dónde venga”, dijo.
Respecto de la concejala Fernández, el caso pasó a conocimiento del Juez 2º de Instrucción Cautelar en lo Penal de Quillacollo, quien dictará fecha y hora para la audiencia donde podría ser acusada formalmente, lo que derivaría en el  tácito alejamiento de su cargo.
La denuncia señala “que el pasado 30 de mayo de 2010, la concejala Cinthia Fernández se opuso a que el Presidente del Concejo Municipal ministre posesión y juramento a la alcaldesa interina, Carla Lorena Pinto”. Transcurridos más de dos años, se dictó la imputación formal y se aplicará medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Finalmente, el caso del concejal Julio Santos reviste mayor gravedad, por estar acusado por presunta tentativa de violación a un joven de 21 años, situación que trató de tapar,  tranzando con 500 dólares, según el documento de transacción firmado en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Según la decisión fiscal, el concejal Julio Santos Tola asistirá a una audiencia de medidas cautelares, en aplicación del Artículo 308 con relación al 8º del Código Penal, con el agravante de que  intentó tranzar el hecho con 500 dólares, “destinado a la terapia psicológica de la víctima”.
Su caso,  generó un escándalo público debido a sus repercusiones morales y éticas, que incluso obligó al Concejo Municipal a tratar el hecho en sesión reservada donde definieron que Santos “presente su licencia o renuncia para defenderse desde el llano sin comprometer la institucionalidad de esa instancia”.
Los procesos fiscales y judiciales de apegarse a la legalidad y justicia, derivarían en la suspensión del alcalde Becerra como de los concejales Fernández y Santos.

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