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Oposición: se debe investigar a empresas que habrían pagado sobornos a exejecutivos de YPFB

Se considera necesario la conformación de una comisión especial compuesta por peritos internacionales en materia de lucha contra la corrupción para establecer los niveles que fueron penetrados con el pago de sobornos para adjudicar los contratos de construcción de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco

En la imagen las cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz que fueron allanadas por la Fiscalía, cuyos titulares eran Gerson Richard Rojas Terán y Agustín Javier Ugarte Méndez acusados de corrupción (El Deber)

La Paz, (ANF).- Los diputados de Convergencia Nacional, Mauricio Muñoz y David Mejía, pidieron este miércoles al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y al Ministerio Público investigar a las empresa que habrían accedido a pagar sobornos a los dos ex ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al considerar que tanto el que recibe prebendas como el que la ofrece son culpables de delitos tipificados en las leyes en vigencia.

Ambos legisladores consideraron, por separado, que es necesario la conformación de una comisión especial compuesta por peritos internacionales en materia de lucha contra la corrupción para establecer los niveles que fueron penetrados con el pago de sobornos para adjudicar los contratos de construcción de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, más aún cuando no es la primera vez que un escándalo de estas magnitudes se presenta en la estatal petrolera.

“Es una pena que se haya declarado la reserva de este caso por parte de los fiscales, porque así la población no podrá conocer mayores detalles de este gravísimo escándalo de corrupción, más aún cuando la construcción de ambas plantas demandaba cientos de millones de dólares. El Gobierno y la Fiscalía están en la obligación de identificar a las empresas que habrían accedido a pagar los sobornos y a establecer quienes además de los detenidos recibieron tales sobornos… Si no lo hace eso podría interpretarse como encubrimiento”, dijo Muñoz.

Por su parte, Mejía considera que el pedidos del presidente de YPFB, Carlos Villegas, de “implorar” una investigación transparente, que no requiera de escándalos ni de titulares en los periódicos, canales de televisión o radios, se constituye en una conducta desesperada porque no se conozca detalles de este nuevo caso de corrupción, más aún cuando él se encargó intervenir y paralizar la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande cuando estalló el caso de corrupción de Santos Ramírez, sentenciado a 12 años de cárcel, por daño económico al Estado.

Tras el escándalo en la estatal petrolera, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció el martes que está abierto a cualquier investigación “caiga quien caiga” para impulsar las indagaciones sobre ilícitos, y además aseguró que desde el 27 de octubre de 2011 se instruyó una auditoría especial al proceso de construcción de las plantas separadoras de líquido de Río Grande en la provincia Cordillera de Santa Cruz y Gran Chaco en Yacuiba.

La Comisión de Fiscales Anticorrupción, compuesta por Carlos Candia y Anuncio Piérola, citará a una veintena de personas integrantes de la comisión calificadora de los proyectos de las plantas de separación de líquidos Río Grande y Gran Chaco, por supuestas irregularidades en contratos que superan los 600 millones de dólares. Por lo que también se amplió las investigaciones a personeros de las empresas que participaron en las licitaciones, entre ellas Pentechs, AESA y una alemana.

Gerson Richard Rojas Terán, ex gerente nacional de planta de separación de líquidos de YPFB, está acusado por uso indebido de bienes del Estado, enriquecimiento ilícito, al igual que Agustín Javier Ugarte Méndez, ex director de proyectos Gran Chaco. Ambos ex ejecutivos mantenían una estrecha relación de amistad y, según las pesquisas, aumentaban los puntos de montos para las licitaciones con el fin de favorecerse con miles de dólares. Asimismo compartían cajas bancarias personales en el Banco Mercantil Santa Cruz donde habrían mantenido grandes cantidades de dinero presuntamente ilícito.

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