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Presidente Evo Morales ratifica haber grabado conversaciones de policías que hablan de golpe de estado

Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional

No hizo mención al precepto constitucional que señala que “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial” y, por el contrario, se vanagloria de tener esas grabaciones “por si acaso”.

San Lucas, Chuquisaca, (ANF).- El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ratificó que el Gobierno tiene en su poder grabaciones de policías que convocan a realizar un Golpe de Estado, así como aniquilar físicamente al Ministro de Gobierno y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. En tono de advertencia, el Jefe de estado dijo que tiene esas grabaciones “por si acaso”:

“A veces la audacia política se aprovecha de la Policía, se aprovecha de algún movimiento social para politizar y hemos visto a algunos políticos fracasados utilizando la Policía, tratando de hacer golpe, intentando golpe. Hemos grabado por si acaso. Seguramente está algún policía por ahí, no me acuerdo por ejemplo… y ahí tenemos grabado a quienes están comunicándose”, relató el Primer Mandatario  cuatro días después que se hubiera superado ese problema.

En su alocución, el Presidente Morales ignoró los preceptos establecidos en el Capítulo Tercero de la Constitución Política del Estado (CPE), respecto a los “Derechos civiles y políticos”, que en la Sección I, referida a los Derechos Civiles, en su Artículo 25, señala al pie: “I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial”.

Además que refuerza esa idea en el parágrafo II, donde se señala: “Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.

Y en el tercer parágrafo, apunta: “Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice”. E incluso anticipa que: “La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal”.

El pasado 21 de junio, una grupo de esposas de Policías de baja graduación iniciaron una serie de protestas en puertas del Distrito Uno de la Policía en la Sede de Gobierno, situación que derivó el viernes 22 con un franco motín de la tropa policial que exigía la nivelación de sus salarios con la de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Durante cuatro días, la tropa policial protagonizó una serie de incidentes que incluyeron la toma del Tribunal Disciplinario de la Policía donde varios efectivos tenían procesos pendientes e incluso tomaron la Plaza Murillo impidiendo que incluso los movimientos sociales afines al Gobierno pudieran ingresar en la misma.

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