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Juntas vecinales socializarán Ley de derecho propietario en una gran concentración el 5 de junio

La Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (CONALJUVE – BOLIVIA) llamó a una gran concentración a la federaciones de los nueve departamentos para la promulgación y socialización de la ley N º 386 “Ley de regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda”, en el Estadio Félix Capriles, este 5 de junio a las 14:00 horas.

La ley regulará legal y técnicamente el derecho propietario de aquellas personas que sean poseedoras beneficiarias de un bien inmueble urbano destinado a vivienda, tengan o no títulos de propiedad registrados en oficinas de Derechos Reales, explicó Cirilo Herbas, presidente de las juntas vecinales de Quilalcollo.

Sobre el aspecto técnico, la ley dará un plazo de 20 días a Derechos Reales para que resuelva los problemas ortográficos y pueda acelerar el proceso para la entrega del derecho propietario; en lo administrativo se está creando un programa de regularización en la que están inmiscuidos el nivel central y las unidades territoriales autónomas.

Por último, en lo legal, esta ley posibilitará “abreviar” los procesos cuando no se refieran a litigios con terceros.

La ley no incentivará los avasallamientos, como denuncia la oposición, pues en ella se incorporó el término de “despojo” que está establecido en el Código Penal y que se usará por “analogía” en la presente ley.

Según explicó Herbas, el despojo se da cuando “una persona o un avasallador ingresa de manera violenta y despoja a una persona natural su derecho propietario y eso está tipificado con cuatro a seis años de cárcel y ese es el artículo que hemos incorporado a la Ley del Derecho Propietario”.

La nueva normativa permitirá que barrios enteros puedan regularizar su derecho propietario y por el contrario evitará favorecer a los loteadores y avasalladores ya que la misma prevé mecanismos para evitar loteamientos o actos ilegales en desmedro de la propiedad privada y pública.

El carácter social de esta normativa propuesto por las organizaciones sociales del país en el Primer Encuentro Plurinacional, realizado en enero de 2012 en Cochabamba, satisface las expectativas de las juntas vecinales que se concentraran en el estadio Félix Capriles, para agradecer a la asamblea plurinacional y al presidente, Evo Morales, la promulgación de la ley.

Alcances de la ley  N º 386

•  El artículo 10 señala que la regularización del bien inmueble urbano destinado a vivienda procede cuando los demandantes “demuestren el cumplimiento simultáneo de tres requisitos: contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda, con una antigüedad no menor a cinco años, antes de la promulgación de la presente ley. Posesión pública de buena fe, pacífica y continua, y que se encuentren dentro de los radios urbanos o áreas urbanas homologadas”.

• No procede “cuando el detentador tenga un derecho real de uso, habitación, usufructo; cuando se detente el bien en calidad de prenda, arrendamiento, comodato, anticresis y otros; y cuando el detentador tenga la condición de guardia, vigilante, depositario, cuidador y otros”. Es decir, ni inquilinos ni porteros ni cuidadores podrán adueñarse de inmuebles que ocupan.

• Para la regularización del derecho propietario, los gobiernos autónomos municipales delimitarán sus radios o área urbanas en un plazo no mayor al de un año, a partir de la publicación de la presente ley.

• Se creará el Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para facilitar los procesos técnicos, administrativos y judiciales de regularización del derecho propietario, así como la implementación de un Sistema Informático de Registro.

• La ley permite legalizar una sola propiedad, toda vez que el artículo 12 “prohíbe regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda a nivel nacional…; caso contrario, el o los procesos instaurados por la actora o el actor serán pasibles a nulidad de trámite del proceso de regularización.

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