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Estudio demuestra que Quillacollo es uno de los municipios donde no existe transparencia de gestión

El estudio  de “acceso a la información”, realizado por el programa de Transparencia del  Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), en tres municipios: Cercado, Sacaba y Quillacollo, demuestra que la interacción entre sociedad civil y estado para crear una gestión transparente, es nula. A ello se suma el bajo control social que ejercen las instituciones y las rendiciones de cuentas superficiales que emiten los alcaldes.

 

El estudio realizado el 2007, demuestra, en el caso particular de Quillacollo, que el acceso a información es nulo.

Es decir, no cualquier persona, aunque así lo establezca la Constitución Política del Estado, puede acceder a información relevante de la gestión municipal de turno.

Los indicadores de transparencia que toma el estudio son: el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), ejecución de POA’s, rendición de cuentas y la legitimidad de los actores.

Según Jorge Komadina, responsable del programa de Transparencia del  Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), la “transparencia” en la gestión municipal tiene tres dimensiones: la rendición de cuentas, el control social y el acceso a la información.

La planificación participativa no existía en 2007

En el caso de Quillacollo, el estudio demuestra que en el año 2007, no existía un PDM, ni la intención de iniciar uno.

Por cuanto, existía incumplimiento a las normas de planificación tanto de las autoridades como de la sociedad. Es decir, no existía información del Plan de desarrollo Municipal y por tanto las instituciones no ejercían control social. La interacción en este ámbito era nula.

Seguimiento de ejecución del POA

En cuanto a los POA’s, el estudio  devela que si bien en un momento existió participación activa de vecinos en la planificación, esta estaba sujeta a una estrategia político- partidario.

Es decir, que los vecinos de OTB’s asumían lo planificado desconociendo pormenores de los presupuestos asignados, los procesos de licitación y contratación. Con ello se develó que existían negociaciones por distritos municipales, antes que una planificación integral de desarrollo municipal. En suma, la participación de los vecinos era baja y los intereses político-partidarios alta.

En la fiscalización de obras, el ejecutivo municipal en 2007 nunca entregó información completa de sus acciones al Comité de Vigilancia, por considerar, que esta institución pertenecía a la oposición, producto de ello se cambiaron a dos presidentes entre 2007 y mediados de 2008.

Rendición de cuentas

El año 2007 habiendo una buena relación entre el ejecutivo municipal y el comité de vigilancia, la rendición de cuentas tuvo calidad discutible, por la información a la que tenía acceso el ente fiscalizador, sin embargo en 2008, mucha de la documentación sobre la ejecución de obras no existió, por cuanto, el estudio dio como cuenta que, la información emitida por el ejecutivo municipal, en cuanto a ejecución no podía constatarse.

En este año, el alcalde y sus colaboradores solo brindaban información al Concejo Municipal. Este fue general y poco claro, además de técnico.

La legitimidad de los actores

La independencia de las organizaciones sociales en 2007 y 2008 fue vulnerada e instrumentalizada por los partidos políticos. El estudio constató que los representantes de OTB’s  no eran elegidos por el pleno de las bases, sino por algunas personas con intereses políticos.

El acceso a la información fue restringida

Siendo el Comité de Vigilancia, el directo fiscalizador de las acciones del ejecutivo municipal, en 2007 y 2008, el acceso a la información para esta entidad fue exclusivamente restringida.

En suma, el acceso a la información en esta alcaldía, fue nula, lo cual dejó ver que ninguna de las dimensiones del concepto de transparencia, según Komadina, no se cumplen.

La rendición de cuentas en esta alcaldía fue poco clara y generalizada; el control social no se ejerció por trabas político-partidarias y finalmente, el acceso a la información fue  visto como un derecho con serias limitaciones, en el ámbito municipal.

La ley marco de autonomía debe ser el umbral mínimo para exigir el cumplimiento del acceso a la información

 

Jorge Komadina

Jorge Komadina

“Hablar de transparencia, no implica hablar de corrupción”

Jorge Komadina Rimassa, responsable del programa de Transparencia del  Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), es uno de los investigadores que participó en el estudio: acceso a la información en los municipios de Cochabamba, Quillacollo y Cercado 2007.

Komadina explica que habla de transparencia no es hablas de corrupción, pero esta evita que exista corrupción en una determinada institución, sea estatal o particular.

Marco legal: el acceso a la información y control social

Según, Komadina, en los últimos años, la Constitución Política del Estado boliviana, artículo 24 (derecho a la petición de información), la posterior Ley de hidrocarburos y al presente, la Ley marco de Autonomías, permiten al ciudadano boliviano “acceder a información que maneja el Estado”. Sin embargo, el artículo 237, inciso c de la CPE, contradice lo anterior, es decir, que los funcionarios públicos deben guardar en secreto información pública.

Para komadina, la única forma de transparentar una gestión municipal, es permitiendo el acceso a la información de la ciudadanía, lo que conlleva a un control social aún más riguroso.

Komadina es un convencido de que uno de los aciertos de la recientemente promulgada Ley Marco de Autonomías ha sido la inclusión de componentes de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y control social.

Así, en los capítulos I y II del Título VIII, se dispone que las normas de los gobiernos autónomos, sin exclusión, deben garantizar el funcionamiento de mecanismos de control social, participación y rendición de cuentas. Lo propio sucede con el de derecho de acceso a la información: las autoridades están obligadas a proporcionar información relevante que concierne a la gestión pública a su cargo, explica el experto.

No obstante, la Ley se ha quedado un poco corta en esta materia: ha pecado de falta de ambición y ha dejado muchos cables sueltos que en el futuro pueden generar peligrosos corto-circuitos.

Entre ellos cabe mencionar que: “no se establecen con claridad procedimientos específicos para acceder a información sobre la gestión pública y se abre la posibilidad de establecer clausulas de confidencialidad en ciertas materias, recreando el viejo argumento de la “seguridad del Estado” y vulnerando así el principio de máxima publicidad que caracteriza a una política de transparencia”, subraya.

Así mismo existe “ausencia de mecanismos y momentos específicos para los procesos de rendición pública de cuentas”, expone.

Consecuentemente Komadina asegura que existe “ausencia de garantías y salvaguardas para que los sujetos de los procesos de control social, especialmente las organizaciones sociales, a su vez, rindan cuentas a sus bases de manera periódica por las acciones realizadas”.

Los estudios en municipios y en la entonces prefectura de Cochabamba dan cuenta de que “no se preserva la autonomía social de los actores de control social, entendida esta como la libertad de los ciudadanos u organizaciones para deliberar, formar opiniones sobre asuntos públicos y tomar decisiones sin presiones o coacciones de los gobernantes”.

Finalmente “no se disciernen los recursos legales, administrativos y políticos imprescindibles para construir mecanismos de control social con “poder de decisión”.

Komadina concluye que estas tareas pendientes corresponden ser tratadas por los propios gobiernos autónomos, lo cierto es que la razón de ser de la Ley Marco es proporcionar un umbral mínimo de exigibilidad, sobre esta y otras materias, en base a la cual las entidades autónomas podrán proponer y profundizar mecanismos y espacios propios de control social y participación.

Sea como fuese, la pelota está ahora en el terreno de las entidades autónomas, de sus instancias legislativas, pero también de las ciudadanos y organizaciones sociales que deberán proponer y discutir, como manda la Constitución, sus propias formas de participación y control social. El debate continúa

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