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Principio de autoridad


El principio de autoridad consiste en mantener  la paz social y el orden público en  toda sociedad democrática, precautelando los derechos individuales, sociales y colectivos. Por orden público, se entiende como el conjunto de instituciones, reglas de derecho y procedimientos regulares para la pacífica convivencia política, respetando los derechos de  los miembros de la sociedad y el Estado.

Asimismo, la Ley Fundamental reconoce los derechos a la protesta y la huelga, este último como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo  con la Ley. Los trabajadores(as) podrán utilizar los mecanismos  establecidos por la ley para la solución de los problemas sociales, mediante el diálogo y la negociación directa y respetuosa.

Desde hace tiempo, en Bolivia no  rige el principio de autoridad y el concepto de orden público, por cuanto los  distintos sectores, con  o sin fundamento alguno declaran huelga de 24, 48 y 72 horas o en su defecto  declaran huelga general indefinida en defensa de sus derechos e intereses sectoriales o corporativos.

El Estado ha perdido autoridad en las vías públicas, por cuanto los miembros de la sociedad bajo cualquier  excusa o pretexto bloquean las vías públicas, pidiendo la atención de sus demandas,  de carácter sectorial, corporativo o intereses de grupos, sin haber agotado los medios pacíficos previstos por el orden constitucional.

Los problemas sociales aumentaron considerablemente en Bolivia, desde hace un par de semanas,  tales como los  profesionales del área de salud, los trabajadores en salud, integrantes de la Central Obrera Boliviana, miembros de la Asociación de Radio Móviles Cochabamba (ARAMCO) y otros.

En las vías públicas, tanto en la ciudad de Quillacollo como Cochabamba y las capitales del interior del país nadie respeta los derechos de los demás. Las medidas de presión, en cualquiera de sus modalidades no toman en cuenta el derechos de los terceros, por lo que, se escarnió en distintas escalas y dimensiones.

Cuando la autoridad hace un esfuerzo para ejercer el principio de autoridad, las medidas de protesta y de presión surgen en forma inmediata, presuntamente en defensa de sus  derechos e intereses.  En efecto, los choferes del  servicio  radio móvil de la ciudad de Cochabamba intentaron  paralizar la ciudad de Cochabamba,  desde las primeras horas del día viernes 13 del mes en curso, por lo que, autoridades municipales y el Organismo Operativo de Tránsito adoptaron las medidas  necesarias para garantizar la libre circulación de motorizados y de las personas.

A consecuencia de los enfrentamientos entre los bloqueadores y los policías, horas después de declaró cuarto intermedio para iniciar un proceso de negociación entre autoridades municipales y los choferes del servicio mencionado. De lo anotado, se infiere la necesidad de una  regulación para el ejercicio del derecho a la protesta y el derecho a la huelga.

El exprefecto de La Paz, Luis Alberto Valle aprobó una resolución prefectural, mediante la cual prohibió  las manifestaciones públicas en las vías públicas, estableciendo ciertas  condiciones para su realización, tales como autorización expresa y las garantías necesarias en casos de daños a la propiedad pública y privada. Dicha medida quedó invalidada por el Tribunal Constitucional, con el fundamento de que la regulación  de los derechos sólo corresponde al Órgano Legislativo.

En consecuencia, al presente no se cuenta con una regulación específica para el ejercicio del derecho a la protesta y el derecho a la huelga, motivo por el cual,  cualquier medida de presión o de hecho vale, en tanto no sean sancionados los responsables directos e indirectos.

Los hechos sociales recientes permiten ver con urgencia la vigencia del principio de autoridad y la necesidad de su regulación, porque cuanto los daños   materiales son irreparables y cuantiosos.

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