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Paro indefinido de médicos afecta servicios de salud

Marcha \ de protesta, de parte de los médicos y trabajadores en salud, a nivel nacional.

El paro indefinido de los profesionales médicos y los trabajadores en salud  en demanda de la abrogatoria del DS 1126 no tiene visos de solución, al  ingresar al cuarto día de suspensión de los servicios de salud, no sólo en Quillacollo y Cochabamba, sino en todo el país. El origen del  problema radica en la reposición de las ocho horas, mediante el mencionado decreto y su reglamentación correspondiente.

En los 60 días previos al conflicto social, las partes involucradas no han logrado consensos ni acuerdos mínimos para la plena vigencia de la disposición señalada.

DERECHO A LA SALUD

Los parágrafos I, II y III del artículo 18 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a la salud; el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin  exclusión ni discriminación alguna y el sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.

“El Estado, en todos los niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”.

Los artículos 36, 37, 38 y 39 de la Constitución  establecen –entre otras obligaciones del Estado–, las siguientes:

El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo regulará mediante Ley;  el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho de salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera.

 

ANTECEDENTES

El DS 1126, de 24 de enero de 2012 en la parte de exposición de motivos,  hace mención al DS 06728, de 25 de marzo de 1964, mediante el cual se estableció que los médicos, dentistas y farmacéuticos que prestan servicios al Estado y entidades autárquicas tenían la jornada de trabajo de tiempo completo de ocho (8) horas diarias con sueldo mensual; una jornada de medio tiempo de tres (3) horas al día, con remuneración hora – mes; y una jornada de tiempo mínimo de dos (2) horas al día, con remuneración hora – mes; y una jornada de trabajo para médicos internos de doce (12) horas al día con remuneración mensual.

El DS No. 09357 D.G.R. No. 424, de 20 de agosto de 1970 estableció tres (3)  formas de jornada de trabajo; jornada de medio tiempo con tres horas de trabajo; jornada de tiempo completo con seis horas de trabajo; y dedicación exclusiva.

El DS No. 20943, de 26 de julio de 1985 amplía el alcance  del DS No. 09357 a favor del personal de enfermeras, biotecnólogos y nutricionistas.

 

OBJETO DEL DECRETO 1126

La medida gubernamental tiene el propósito de ampliar el acceso a la atención de salud de la población, optimizando el aprovechamiento de la infraestructura instalada, por lo que, el gobierno  considera de urgente necesidad restablecer la jornada laboral de ocho (8) horas diarias de trabajo de profesionales y trabajadores de salud, a fin de aumentar el horario de consulta externa, incrementar el tiempo de atención al paciente de internación hospitalaria, brindar atención en el día para la toma de muestras y atención en laboratorios y otros servicios de carácter administrativo.

 

RECHAZAN Y PIDEN ABROGATORIA

Los profesionales del área  y los trabajadores en salud rechazan la pretensión del gobierno nacional  de restablecer la  jornada de  ocho horas y de contrapartida piden la  abrogatoria del DS 1126, porque consideran que atentan contra sus derechos sociales. Según  algunos abogados, los afectados deberían instaurar una demanda de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP, con  los fundamentos de derecho.

Sin embargo,  tanto los profesionales médicos como los trabajadores en salud han optado por las medidas de hecho para demandar el respecto de sus derechos sociales.

La suspensión de los servicios de salud, excepto los casos de emergencia es una medida impopular y no goza de legitimidad de la población.

Se espera que el problema en cuestión sea resuelto en el menor tiempo posible, mediante el diálogo y la negociación, porque el paro indefinido de actividades afecta   el derecho a la salud garantizado por la Constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos y las leyes nacionales.

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