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Más sobre la pena de muerte

Roberto Arce

A emergencia de los altos índices de inseguridad ciudadana que no solamente han afectado al patrimonio de los habitantes de las principales urbes del país, sino que han atentado contra la vida misma de los ciudadanos, ha salido nuevamente a la luz el clamor de sectores de la sociedad que piden la aplicación de la PENA DE MUERTE contra aquellos antisociales que atenten contra la vida de las personas, ya sea para arrebatarles dinero o pertenecías, agresiones sexuales o simplemente por los llamados ajustes de cuentas.

Ya en una anterior edición de este semanario el Dr. Julio Veizaga ha hecho un análisis legal tanto de  la normativa interna del Estado Plurinacional como de la normativa internacional de la que es parte y de ello se puede establecer la imposibilidad de aplicar la pena de muerte con la legislación vigente.

Sin embargo de aquello es oportuno hacer una revisión general sobre la pena de muerte y los postulados de quienes la propugnan y de aquellos que están en su contra, que para efectos de estudios son denominados abolicionistas y mortícolas o antiabolicionistas respectivamente.

El IV congreso mundial contra la pena de muerte llevada a cabo del 24 al 26 de febrero de 2010 en Ginebra, Suiza,  tiene como cifras, que en el mundo existen 150 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas que son abolicionistas de la pena de muerte y 58 que practican la pena de muerte o también llamada pena capital. En los Estados Unidos de Norte América, 38 estados practican la pena de muerte y 12 no lo hacen. Debemos hacer mención que el país donde mayores ejecuciones de humanos se realiza en aplicación de la pena de muerte es en China (quince mil personas por año).

Pero ¿cuáles son los argumentos de uno y otro postulado?: Por un lado los abolicionistas sostienen que aplicar la pena de muerte conlleva lo inhumano, que no es la solución al problema de la inseguridad, que la pena de muerte es irreparable cuando se incurre en un error al identificar y aplicar al autor del delito, y finalmente que ningún humano tiene derecho a quitar la vida a otro.

Por su parte los mortícolas o antiabolicinistas propugnan que la pena de muerte tiene como fin la defensa del conglomerado social de los delincuentes, que la pena es una medida ejemplarizadora o escarmentadora para que otros individuos no incurran en el delito para no sufrir la pena.

Sin lugar a dudas en nuestro país como en otros del mundo, cuando hay pedidos de aplicar la pena capital se tendrá que abrir un gran debate sobre los pros y contras de aplicar la pena de muerte y seguramente ahí se expondrán las posiciones de escuelas políticas, sociológicas filosóficas y religiosas que tendrán que orientar a los legisladores para adoptar o rechazar la aplicación de esta pena extrema. Sin embargo, como ya se habría expuesto en una nota anterior de este mismo semanario, con la legislación vigente interna y externa no es posible la implementación de la pena de muerte, por lo tanto si se va por el camino de la aplicación de la pena capital se tendrá que comenzar por la reforma de la Constitución Política del Estado, el Código Penal y luego renegociar los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del Bloque de constitucionalidad dentro nuestra legislación.

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