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Derecho de protesta y sus límites

 

Los pobladores de Colcapirhua  bloquearon la Av. Blanco Galindo, por más de cinco días, en defensa de su límite con Tiquipaya, quedando Quillacollo  aislada de la capital de departamento, agravándose posteriormente con otra medida de hecho de los transportistas,  en demanda del financiamiento de la doble vía Quillacollo – Suticollo. En ambos casos,  los pobladores y transportistas ejercieron el derecho de protesta por incumplimiento de acuerdos preliminares  que no se cumplieron dentro los plazos fijados.

En el primer caso, el conflicto de límites entre Colcapirhua y Tiquipaya,  autoridades de la Gobernación de Cochabamba no han tenido la suficiente autoridad política y técnica para  mediar en la solución del problema en cuestión, prolongándose por varios días, con  evidentes daños y efectos colaterales. Representantes del transporte pesado han  hecho conocer que  cuantificaron una pérdida de 10 millones de dólares americanos.

En el segundo caso,  el bloqueo del tramo Quillacollo – Suticollo fue levantado por la mediación de la Gobernación de Cochabamba, esperándose que las gestiones  de financiamiento concluyan  en forma  positiva, dentro  los 30 días calendarios.

El derecho de protesta está garantizado por la Constitución vigente, aunque hace falta una ley en desarrollo para establecer los límites de toda manifestación pública. En la práctica, el derecho de la protesta se desarrolla en distintas ciudades del país, sin observar ni respetar los derechos  de  terceras personas.

Los derechos fundamentales de la persona no tienen  carácter absoluto, así como las libertades ciudadanas, por razones de orden público, el interés general, la moralidad y otras motivaciones.

Hace falta una  legislación específica  para evitar los abusos y excesos de las manifestaciones públicas, por cualquier motivación. El  respeto de los derechos  ajenos genera la paz social en  una sociedad democrática.

En la reciente experiencia de protesta de Colcaprihua, se infiere varias lecciones que deben tomar en cuenta las autoridades de gobierno. En primer lugar, ninguna medida de hecho se justifica, cuando afecta los derechos de los demás; nadie puede  impedir la libre circulación de motorizados y personas por las vías públicas del país;  autoridades  nacionales, departamentales y municipales están obligadas a velar por la conservación del orden público y los derechos fundamentales de las personas y la policía nacional  no puede cumplir adecuada y  prontamente sus deberes por diversos factores de orden político.

El conflicto de límites no tiene al presente instancias administrativas y jurisdiccionales, porque la Ley Marco de Autonomías y Descentralización –entre sus disposiciones transitorias– suspendió temporalmente la atención y resolución de los procesos administrativos de creación, delimitación, supresión y/o anexión de unidades  territoriales radicadas ante los gobiernos departamentales,  el Ministerio de Autonomías y  el Consejo de Asuntos Territoriales.  En consecuencia, no hay instancias  administrativas ni jurisdiccionales para resolver los conflictos de límites en el país, cuyos peligros potenciales serán mayores a medida que se aproxima el Censo Nacional de Población y Vivienda.

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene el debe de dar prioridad al tratamiento del proyecto de Ley de unidades territoriales para que los problemas pendientes sean resueltos en  forma  adecuada y pertinente; las instancias de  diálogo, de conciliación y  actas de entendimiento tienen límites  razonables.

Lo acontecido en Colcapirhua no puede quedar  como algo intrascendente en materia de conflictos de límites. Esperemos que autoridades competentes faciliten los medios legales e instancias necesarias para su  atención y resolución de los conflictos de límites, no sólo en Quillacollo, sino también en el resto del país.

 

 

 

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